La Administración Tributaria puede desconocer o no compartir los criterios para determinar los precios de operaciones que se hayan realizado con partes vinculadas o paraísos fiscales, por lo que el apoyo frente a esta eventualidad con expertos en la materia de distintas profesiones (abogados, economistas, contadores, administradores) asegura una adecuada defensa de la posición de la empresa.